Una oración que fue pasada por alto en el fallo de la semana pasada sobre la nueva ley antiabortos de Texas podría permitir que algunas clínicas que fueron cerradas pudieran volver a abrir al menos de forma temporal esta semana, confirmaron funcionarios.

No se sabe cuántos centros que han cerrado por la implementación de la ley desde el otoño pasado pudieran beneficiarse de esta oportunidad, que constituye un beneficio adicional e inesperado del fallo de la semana pasada para los proveedores de abortos, y que también podría impedir nuevos cierres de clínicas en el futuro.

La posibilidad de reaperturas aumentó en la noche del martes cuando un tribunal de apelaciones programó una audiencia sobre este caso para el 12 de septiembre, lo que mantiene en vigencia el fallo de la semana pasada hasta al menos esa audiencia.

Dos agencias reguladoras del estado indicaron el martes que la frase en cuestión podría impedirles seguir imponiendo una disposición que ha obligado a más de una docena de clínicas de abortos a cerrar. Ambas agencias expresaron que estaban revisando el fallo.

Una de ellas, la Junta Médica de Texas, informó que de momento había suspendido el disciplinar a los médicos en base a la disposición.

La frase en cuestión se encuentra casi al final del fallo escrito por el juez federal de distrito Lee Yeakel, y casi pasó desapercibida cuando el documento fue divulgado el viernes pasado, pero abogados de ambas partes alegan que la oración de 31 palabras parece bloquear parte de la ley de una manera que ni siquiera los proveedores de abortos pudieron imaginar cuando presentaron el caso.

“El tribunal declara que dos partes del Código de Seguridad y Salud de Texas, las secciones 245.010(a) y 171.0031(a) (1), crean un obstáculo inadmisible que se aplica a las mujeres que desean someterse a un aborto previo a la viabilidad”, escribió Yeakel, al parecer emitiendo un fallo que constituye una declaración general de que ambas secciones son inconstitucionales.

Las dos secciones

Las secciones son parte de la ley aprobada el verano pasado, conocida como la legislación No. 2 de la Cámara de Representantes. Sin embargo, los proveedores sólo desafiaron ampliamente la primera, que es la que exige a los centros de abortos que cumplan con los requisitos que rigen a las clínicas quirúrgicas de estilo hospitalario.

Con respecto a la segunda, que exige que los médicos que practican abortos obtengan privilegios de admisión en un hospital cercano, los demandantes pidieron una exención para las clínicas de El Paso y McAllen.

El aparente rechazo de Yeakel a las dos disposiciones resulta notable porque ya el juez había tratado de descartar lo concerniente a los privilegios de admisión, aunque su decisión fue revocada rápidamente.

Desde el triunfo del desafío judicial, la orden había estado en vigor durante casi un año y ocasionó que muchas clínicas de abortos tuvieran que suspender sus servicios.

Matthew Steffey, profesor de la Escuela de Derecho del Mississippi College, describió la frase de Yeakel como una medida inusual “para impulsar un precedente lo más lejos que pueda llegar”.