“Las restricciones legales del aborto en México no han reducido el número de abortos inducidos, sin embargo, sí han provocado la clandestinidad y que las mujeres pongan en riesgo su vida”, señaló el senador perredista Benjamín Robles Montoya.

A través de una iniciativa para reformar el Código Penal Federal en materia de aborto, el legislador oaxaqueño propuso que esta práctica sea considerada un delito únicamente después de las doce semanas de gestación, y de esta forma, replantear las sanciones en la materia.

Mencionó que de acuerdo con el estudio “Embarazo no planeado y aborto inducido en México”, realizado por el Colegio de México, en el país cada año hay aproximadamente 71 embarazos no planeados por cada mil mujeres en edad reproductiva, y más de la mitad de esos embarazos termina en abortos inducidos.

“Se estima que el 54 por ciento del total de embarazos no planeados en el país se resuelve mediante un aborto inducido, a pesar de las restricciones legales en 31 de las 32 entidades federativas; la tasa de aborto ha aumentado más del 50 por ciento con respecto a 1990, la cual era 25 por cada mil mujeres.

“Este aumento en la tasa sugiere que actualmente las mujeres están enfrentando mayor dificultad para prevenir los embarazos no planeados y que están más motivadas para evitarlos a toda costa”, refiere la iniciativa.

Añade que la experiencia en los países donde el aborto está legalizado, así como en el Distrito Federal, resalta la libre decisión de la mujer de una manera consciente e informada cuando se le hace saber sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos de una interrupción del embarazo.

La reforma legal establece modificar los artículos 329, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal Federal para establecer penas de seis meses a un año de prisión para la madre que voluntariamente aborte después de las doce semanas de embarazo.
Actualmente se establece que aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.